Según Expansion, en respuesta a una pregunta escrita planteada por el diputado socialista César Luena, durante el año 2012 el gobierno intensificará la lucha contra el fraude en el alquiler inmobiliario cotejando la información de la Agencia Tributaria, del consumo de energía eléctrica y del catastro con el objetivo de llevar a cabo un control específico sobre las viviendas y locales comerciales no declarados como arrendados pero que se sospecha que son usados de manera cotidiana.
Estas medidas se enmarcan en el plan de actuaciones de "comprobación e investigación del fraude fiscal" y tienen como objetivo la regularización de la situación tributaria de los contribuyentes y el cobro efectivo de las deudas y sanciones tributarias que resulten de dicha regularización.
Además, en respuesta a otra pregunta de la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, el Gobierno también asegura que en la declaración de la renta de 2011 "la deducción por inversión en vivienda habitual se podrá practicar por todos los contribuyentes, cualquiera sea el importe de su base imponible", hasta un máximo de 9.040 euros, tras haberse modificado varias leyes con el Decreto de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit aprobado el pasado 30 de diciembre. Esta decisión no tendrá impacto recaudatorio, según el Ejecutivo.
El PSOE también ha realizado preguntas relativas a la supresión de la Renta Básica de Emancipación (RBE) para jóvenes a partir del 1 de enero de este año, una decisión que según el Gobierno permitirá ahorrar unos 50 millones de euros en este ejercicio, sin perjuicio de que los jóvenes que tenían ya reconocida la prestación la puedan recibir hasta agotar su derecho. Así, en respuesta a estas preguntas, el Ejecutivo asegura que está elaborando un nuevo Plan Estatal de Vivienda, que sustituya al actual y que fomente el alquiler para los jóvenes así como otros sectores desfavorecidos.
En otra de las respuestas se añade además, que se tomarán medidas para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de propiedad o alquiler mediante un plan que se elaborará con el consenso de las administraciones autonómicas y de los actores principales del sector de la vivienda.
Finalmente, el Ejecutivo descarta flexibilizar el plazo de cuatro años establecido por la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación de las deducciones por adquisición de vivienda habitual en cuentas viviendas cuando no resulte posible adquirir la vivienda en ese plazo por causas ajenas al titular de la cuenta. Según la Ley del IRPF de 2006, se podrán aplicar deducciones por inversión en vivienda habitual cuando estas cantidades se depositen en las denominadas cuentas vivienda y siempre y cuando se destinen íntegramente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en un máximo de cuatro años.
El Gobierno asegura que este plazo es suficiente mientras que "una ampliación del plazo conllevaría un coste recaudatorio que debe ser valorado teniendo en consideración el momento actual de dificultades presupuestarias". Según el gobierno, una modificación en esta línea afectaría al modelo de financiación autonómica, ya que el 50 por ciento del coste recaudatorio de la medida tendría que ser soportado por las comunidades autónomas.
Además de esto, dificultaría la labor de la Agencia Tributaria a la hora de aplicar correctamente la deducción, incrementando la carga administrativa e implicando un mayor coste de gestión. Por último, el Gobierno recuerda que el saldo de una cuenta vivienda puede destinarse a la construcción de vivienda en un margen de cuatro años desde su inicio.
En este caso, los plazos de deducción por ambos conceptos se solapan, pudiendo llegar a duplicarse el plazo para adquirir la vivienda desde la apertura de la cuenta. Además, es posible la ampliación del plazo para finalizar la construcción de la vivienda por cuatro años más, lo cual daría un margen de doce años desde la apertura de la cuenta hasta la adquisición de la vivienda.
Fuente: Expansión.com
